La pandemia de coronavirus está provocando cambios muy importantes en el día a día de todos los ciudadanos y, como no, tendrá una repercusión fundamental en las medidas adoptadas en un procedimiento de divorcio.

El 7 de mayo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la aprobación del Texto Refundido de la Ley Concursal, cuyo objetivo es ordenar una Ley que ha sido reformada en innumerables ocasiones en los últimos años, provocando la existencia de un texto complejo y desordenado.

Son muchos los problemas que se están planteando a causa de la pandemia de coronavirus y el cierre de muchas actividades económicas por el estado de alarma, en todo tipo de ámbitos, contratos y negocios. Desde los contratos de arrendamiento de vivienda o de local comercial, contratos de suministro, de compraventa o traspaso de negocios, de construcción de edificios y reformas pasando por contratos que implican pagos mensuales o periódicos de servicios que no se pueden prestar. Prácticamente todas las actividades económicas y todos los negocios y contratos están afectados de algún modo por la pandemia.

Uno de los mayores problemas que plantea el concurso de acreedores para las personas físicas es la perspectiva de perder su vivienda habitual que, normalmente, es el bien más preciado y más necesario. Incluso con el nuevo régimen de “Segunda Oportunidad”, lo cierto es que la liquidación de la vivienda es, en principio necesaria.